El ‘incidente’ de nulidad de actuaciones constituye uno de los instrumentos procesales que mayor protagonismo ha adquirido en las últimas fechas. Al calor de diferentes reformas legales, responsables de profundos y sucesivos cambios en su morfología, ha evolucionando desde un simple remedio extraordinario para la impugnación de resoluciones judiciales firmes viciadas por algún defecto contrario a la tutela judicial efectiva de las personas, hasta alcanzar la condición de garante último, dentro de la vía jurisdiccional ordinaria, del conjunto de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Y ello en respuesta a las demandas de un saturado Tribunal Constitucional, sobrepasado por una carga de trabajo que, en principio, no tendría que asumir.