El Arbitraje de Consumo resulta esencial por constituir una vía alternativa a la judicial, a través de la cual los consumidores pueden hacer valer los derechos que le son legalmente reconocidos ante los posibles conflictos surgidos con empresarios o profesionales. En efecto, la finalidad del sistema arbitral de consumo no es otra que atender y resolver con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial. Además, su importancia resulta acentuada, si pensamos en los inconvenientes que la vía judicial tiene implícitos (lentitud, excesivo formalismo, etc.). Ellos unidos a la cuantía de las controversias surgidas en los últimos años en el ámbito del Derecho de Consumo, frente al elevado coste de la vía judicial, constituyen factores que ponen de manifiesto la conveniencia de esta vía alternativa.

El trabajo que se presenta pretende ofrecer una visión teórica y práctica del sistema arbitral de consumo, el cual creado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, que insta a los poderes públicos a garantizar «la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos», despunta a día de hoy constituyendo el método alternativo a la Jurisdicción más utilizado de entre todos los arbitrajes especiales existentes, no sólo por afectar a un sector importante de nuestra población, sino también porque es el que tiene un mayor grado de reconocimiento.