Juicio Verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

La responsabilidad que comporta el ejercicio de la abogacía requiere de una imprescindible y adecuada formación en la que los profesionales no sólo tengan un elevado grado de conocimiento teórico de las instituciones y procedimientos a aplicar en orden a la defensa de los derechos e intereses legítimos de sus clientes, sino también una formación “dinámica”, especializada e interdisciplinar, que les permita conocer, de primera mano, la “realidad procesal”. Al hilo de esta exigencia de formación, el presente estudio monográfico aborda, de forma completa, el análisis del “Juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tras su reforma por Ley 42/2015”, tanto en su dimensión auténtica de proceso declarativo ordinario, para los asuntos de mínima cuantía, como en aquellos otros supuestos en los que bajo la “vestidura del juicio verbal” se regulan procesos especiales que, en no pocas ocasiones, “camuflan” manifestaciones específicas de la tutela sumaria.

La presente obra se ha estructurado en dos grandes apartados: el primero, relativo al examen de las diferentes etapas y problemas de aplicación práctica del juicio verbal (ámbito de aplicación, demanda, contestación, reconvención, acumulación de acciones, actuaciones previas a la vista, vista, prueba y presunciones, conclusiones, diligencias finales, ausencia de cosa juzgada en casos especiales y procesos civiles especiales), y el segundo, relacionado con la utilización de esquemas, formularios, jurisprudencia y bibliografía complementaria.

En concreto, el presente estudio ha prestado una especial atención a la configuración de un “nuevo juicio verbal” (caracterizado por contemplar la utilización de una demanda, por regla general, completa, la contestación escrita y la posibilidad de plantear conclusiones) que deriva de la entrada en vigor de la reciente Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 2000, la cual, por fin, tras años de “reclamación doctrinal” y aun con ciertos errores u omisiones (por ejemplo, la falta de mención a las diligencias finales), ha terminado por diseñar un juicio verbal bastante ajustado al modelo constitucional de juicio justo o proceso con todas las garantías que consagra el art. 24 de la Constitución Española de 1978.